Comunicado de Patricia Woodward:
Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto significa que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las victimas de la Armada.
Antecedentes del Procesamiento:
34 años después del golpe de estado, y tras 6 años de investigación judicial, se ha llegado hoy a una resolución de la causa del Padre Miguel Woodward.
La Ministro Eliana Quezada ha declarado reos a:
Vicealmirante (R) Adolfo Walbaum Wieber
Vicealmirante (R) Guillermo Aldoney Hansen
Vicealmirante (R) Juan Mackay Barriga
Capitán de Navio (R) Sergio Barra Von Kretschmann
Capitán de Navio (R) Ricardo Riesgo Cornejo
Dr. Carlos Costa Canessa
Para cinco de los procesados se ha decretado la detención preventiva en las instalaciones de la Armada en Las Salinas. El sexto, para razones de salud, está detenido en su domicilio.
Se ha comprobado que fuerzas navales, siguiendo un plan y unos procedimientos preparados meses atrás por la Armada, llevaron a Miguel desde su casa en Placeres a la Universidad Federico Santa María y de allí a la Academia de Guerra Naval, donde fue torturado sin piedad. Luego, en una furgoneta manchada con su propia sangre, le llavaron al molo donde le obligaron a subir a bordo de la Esmeralda. Posteriormente fue llevado al Hospital Naval donde se pierde su rastro físicamente.
El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran respectivamente Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval. Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos Comandantes en Jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.
El Alm. Walbaum, además de su cargo naval, era el primer Intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar. El Alm. (R) Guillermo Aldoney, tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros
de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual Comandante en Jefe de la Armada, Alm.
Rodolfo Codina. En 1982, se hizo Presidente del poderoso holding Compañia de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera.
Estrechamente vinculado a la jerarquía católica –que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward- el Alm. Aldoney fue nombrado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.
El Almirante Juan Mackay es Vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro de Valparaíso. En 1973 asistió a las sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso acompañado por un joven sobrino suyo, Rafael Mackay Backler. El Capitán Barra era Jefe de Inteligencia Naval en 1973 y ascendió más tarde a 2° Jefe de la DINA. El Capitán Riesco trabajó a sus órdenes. El Dr. Costa Canessa, siendo medico en el Hospital Naval, extendió un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward sin ver cadáver alguno.
La Jueza Quezada, una mujer dedicada y valiente, seguirá sus investigaciones, con la ayuda de la Brigada de Derechos Humanos y Asuntos Especiales. Su fin será buscar los demás autores de la muerte de Miguel junto con los encubridores y cómplices de ese crimen. Entre los testimonios específicos que serán investigadas están los entierros clandestinos por la Armada de varios detenidos desaparecidos en el Cuartel 14 del Cementerio Playa Ancha de Valparaíso.
Sin embargo, la jueza, quien ha recibido amenazas de muerte, enfrenta además la hostilidad de sus pares en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Hace poco, por unanimidad, trataron de imponer plazos a la investigación de los cuatro casos de violaciones de derechos humanos que son de su responsabilidad. Tuvo que intervenir el Tribunal Supremo, declarando la ilegalidad de esta práctica.
A pesar de que el Tribunal Supremo recomendó, además, que la Jueza diera prioridad. a sus investigaciones, el Presidente de la Corte de Apelaciones determinó, acto seguido, que, por el contrario, debía dar prioridad a integrar Sala. Esta persona, Manuel Silva Ibáñez, era muy conocido por sus resoluciones favorables a la dictadura durante los años ´80, incluido causas tales como "el caso pasaportes" y el caso de degollados que incluyó al periodista Paredes.
En cuanto a la Armada de hoy, lejos de colaborar con la justicia, la ha obstaculizado. El Alm. Cristian Millar, cuando ocupaba el cargo de Secretario General de la Armada, admitió descaradamente que un Almirante en servicio pudo haber visitado a la Ministro Gabriela Corti en el año 2004 "por su cuenta" para persuadirle que debía aplazar una prevista reconstitución de escena a bordo de la Esmeralda. Por esos mismos años el Auditor General de la Armada, Alm. Juan Antonio Galván Bernabeu, con ocasión de la entrega de la bitácora de la Esmeralda a la jueza, informó a los marinos referidos en el mismo que serían el objeto de interrogatorios judiciales. Anteriormente, un alto cargo de la Armada sin identificar había reunido a varios testigos que habían sido citados por la Ministro Corti: se pusieron de acuerdo sobre sus testimonios de antemano.
La Armada sigue igual. El Código de Justicia Militar sigue obligando a los marinos obedecer las órdenes criminales de sus jefes. Están en el primer ranking mundial en la compra de armamentos y sucesivos gobiernos han tolerado sus pretensiones "democráticas". El 4 de mayo próximo, cuando zarpa la Esmeralda en su crucero anual por el mundo, será, como siempre, con el título de "embajador de Chile" y será la Presidenta Bachelet quien la despida..
